SANTO DOMINGO.- La Asociación de Editores y Distribuidores de Libros de Textos de la República Dominicana (ASEDILIRD), aseguró que están dispuestos a defender ante cualquier estamento su trayectoria de trabajo y honra bien ganada ya que “la doble moral se está adueñando de este país” y reiteró a la opinión pública nacional que ganaron en buena lid el proceso de licitación en el que participaron ante el Ministerio de Educación para la adjudicación de los libros de texto de Secundaria, en la cual obtuvieron las mejores calificaciones.
A través de su presidente, Juan Colón, afirmaron que existe una alianza estratégica entre escritores y editores de libros de textos dominicanos con la única finalidad de defender la industria del libro nacional, ya que siempre ha estado en manos de multinacionales extranjeras, relegando a un segundo plano a las empresas dominicanas.
Colón explicó que esto permitió que por primera vez en la historia se tomaran en cuenta a los autores y editores dominicanos en un proceso de licitación que realizó el Ministerio de Educación, lo cual dio como resultado que de 10 empresas que participaron, 5 de ellas fueron dominicanas, y todas, las 10 participantes, al menos recibieron un lote, “lo cual representa un paso trascendental y de avance para las editoras dominicanas”.
Descartó tajantemente que existiera colusión ya que las 5 empresas dominicanas adjudicadas no compitieron en el mismo lote, y por el contrario, todas participaron en lotes diferentes “por lo que nunca afectaron la participación de otros oferentes”.
En tanto, el laureado escritor y editor Avelino Stanley acusó al actual senador Antonio Taveras, con sus empresas IMPRETUR y EDISA de su esposa María del Pilar Ramírez y su hija Karina Taveras Ramírez, las cuales han sido suplidoras del Ministerio de Educación por más de 20 años participando en los mismos lotes de los procesos de licitación, de estar detrás de esa campaña de descrédito. De igual manera, mencionó a los hermanos Pablo y Ernesto Cuello a través de Casa Duarte y sus empresas vinculadas, y enfatizó que ASEDILIRD está haciéndole frente a lo que llamó “El cartel administrativo”, que por muchos años ha dominado el negocio de los libros.
Puntualizó que, a pesar de que el país cuenta con capacitados escritores que han sido reconocidos a nivel nacional e internacional, nunca habían sido tomados en cuenta hasta que se materializó esta alianza estratégica, ya que muchos autores tienen la capacidad y el intelecto, pero les faltan los recursos para producir, realizar e imprimir sus textos, razón por la cual algunos compartieron sus derechos de autor a empresas destinadas a la producción de contenidos, en este caso, School Team, la cual no hizo negocios con el Estado ni participó en el referido proceso de licitación.
De su lado, Robin Lara, miembro de ASEDILIRD, explicó que los libros de textos ofertados por los autores dominicanos y que fueron evaluados por la Dirección General de Currículo del Ministerio de Educación mediante el formato de Doble Ciego (método en el cual los autores no saben quién los evalúa y los evaluadores no saben a quién evalúan), obtuvieron las más altas calificaciones.
Citó los casos de Editorial Cocolo que en Lengua Española obtuvo una calificación de 97.3; Ediciones CP en Matemáticas que alcanzó 91; Ediciones Unidas del Caribe en Educación Física que obtuvo 98.5; Editora Camar que en Ciencias Sociales alcanzó un 98 y Ediciones Salomé que en Formación Integral, Humana y Religiosa obtuvo 98 puntos.
“Estas calificaciones evidencian la calidad de los libros de textos realizados por los autores dominicanos, los cuales tienen la misma o mejor calidad que los proporcionados por empresas extranjeras y sus representantes locales que son los que están detrás de esta campaña de descrédito porque por primera vez, las editoras dominicanas hemos tomado parte de su mercado y por ende, ellos entiende que afectamos sus intereses”, dijo Lara.
De su lado, Miguel Valerio, abogado de ASEDILIRD, reiteró que la entidad defenderá los derechos de sus asociados en los planos administrativos y judiciales por haber sido justa la adjudicación de sus miembros y por ser su única finalidad fomentar la industria nacional del libro.
“Siendo necesaria la protección de la industria nacional del libro, no renunciaremos ni vamos a permitir que vuelvan a relegar a las empresas nacionales a un plano insignificante en los procesos de selección de los libros utilizados para la enseñanza nacional”, concluyó Valerio.
