SANTO DOMINGO.- El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) opina “responde a la presión mediática y no se ajusta a derecho” la decisión de la jueza Kenya Romero de imponer prisión preventivo a los exministros Donald Guerrero y José Ramón Peralta.
Tras resaltar que esta medida procura complacer a todas las partes , la entidad opositora dice que le sorprende que en el caso de estos dos ministros la Jueza haya decidido de manera diferente, contrario a lo que ocurrió con otros dos investigados, entre ellos el exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo.
A su juicio, llama poderosamente la atención que, en esta investigación, no se hayan incluido personas que, habiendo admitido los hechos que se le atribuyen, quedan claramente identificados como autores principales de los ilícitos que el ministerio público imputa, quienes además son integrantes o están directamente vinculados al partido de gobierno.
Reitera su deseo de que en la República Dominicana se respete la presunción de inocencia y el debido proceso; que las medidas de coerción no se conviertan en una pena anticipada para los justiciables y que el ministerio público, cumpliendo con su rol de objetividad, no excluya por razones políticas o de cercanía con el poder de turno, a personas que deben ser investigadas y procesadas.
EMITE DOCUMENTO
La posición del PLD está contenida en un documento remitido a ALMOMENTO.NET cuyo texto es el siguiente:
“El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) considera que la Jueza, Kenya Romero, actuó conforme a derecho al no imponer la medida de coerción más gravosa a Gonzalo Castillo, Daniel Omar Caamaño, Luis Miguel Piccirillo y Claudio Peña tomando en cuenta, como se observó desde el primer momento, que no concurrían las condiciones para la misma.
Sin embargo, le sorprende que, en el caso de Donald Guerrero y José Ramón Peralta, haya decidido de manera diferente, tomando en cuenta que, tampoco en esos dos casos, se cumplían las condiciones para la imposición de prisión preventiva.
Esto hace pensar que se trata de una decisión que no está basada en lo que establece la normativa procesal penal, sino más bien en un deseo de complacer en alguna medida la presión, política y mediática, tratando de quedar bien con todas las partes, algo que no corresponde al rol del juez imparcial.
Lamentablemente esta es la situación en la que se ven obligados a ejercer su función hoy los jueces en nuestro país, presionados por algunos miembros del ministerio público que no terminan de entender que su labor debe circunscribirse al espacio judicial y no a la mediatización de los casos, donde la incidencia de la prensa y la opinión pública puede desembocar en lo que la Procuradora General de la República ha llamado, muy acertadamente, “juicios paralelos”.
Recordemos las palabras de la Honorable Procuradora General de la República, Magistrada Miriam Germán, el 10 de mayo de 2022, cuando dijo lo siguiente: “Se puede dar el caso que después de la tormenta inicial, haya un proceso y se declare inocente a una persona y entonces ¿Quién te va a devolver lo que te quitaron a ti y a tu familia? ¿Quién va a reparar la vergüenza de tus hijos?
Asimismo, llama poderosamente la atención que, en esta investigación, no se hayan incluido personas las cuales, admitiendo los hechos que se le atribuyen, quedan claramente identificados como autores principales de los ilícitos que el ministerio público imputa, quienes además son integrantes o están directamente vinculados al partido de gobierno.
El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) reitera su deseo de que en la República Dominicana se respete la presunción de inocencia y el debido proceso; que las medidas de coerción no se conviertan en una pena anticipada para los justiciables, y que el ministerio público, cumpliendo con su rol de objetividad, no excluya por razones políticas o de cercanía con el poder de turno, a personas que deben ser investigadas y procesadas».
