Santo Domingo.- La “violencia legal” continúa contra los dominicanos de
origen haitiano al cumplirse hoy, 23 de mayo de 2024, diez años de vigencia de
la ley 169-14, llamada a superarla, sostuvo una el Movimiento Socio Cultural
para el Trabajo Humanitario y Ambiental (Mosctha).
Por
tanto, el equipo de trabajo (del Mosctha) hace un llamado al presidente Luis
Abinader para que aplique su teoría del cambio, cumpla con los objetivos de
desarrollo sostenible y no siga dejando a estas personas atrás, dijo la
organización en un documento escrito.
El
“viacrucis” atribuido a los dominicohaitianos se originó con la sentencia del
Tribunal Constitucional 168-13, que los dejó sin nacionalidad. “De paso,
debemos rescatar que la Sentencia 168-13 del TC fue retroactiva, violenta y
discriminatoria”.
En
su opinión, los dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana son
marginados/as, excluidos para dejar de reconocerles la nacionalidad. Observó
que hombres, mujeres, niñas y niños, tienen sueños, deseos de superarse, de
vivir de manera digna, “pero son muertos en vida, son los muertos de un sistema
político y jurídico que desconoce el derecho de las personas”.
Todo,
insistió el Moscha, para centrarse en la opinión de una parte de la población,
la cual es fijada bajo el imaginario de los que tienen más poder y a partir de
un enfoque distorsionado sobre la historia dominicana.
La
organización sostuvo que ese dictamen del TC se construyó sobre parámetros
falsos y sus fines fueron más políticos que legales, “situación que se confirma
a lo largo de los años con la aplicación de la ley 169.14”.
Pocos con un documento fiable
De
acuerdo con la información, la ley 169-14 y su reglamento 250-14 tenían el rol
de dar garantías jurídicas y legislativas a las personas que fueron despojadas
de su nacionalidad sin razón legal alguna. “Sin embargo, han sido muy pocas las
personas que han obtenido un documento fiable y que no pueda ser vulnerado por
caprichos de ciertos grupos”.
El
Mosctha dijo que varias demandas de inconstitucionalidad, mala aplicación, procedimientos
no establecidos, ni procesos claros para el retorno de la nacionalidad ha sido
el viacrucis de las personas que debieron beneficiarse y obtener una
documentación basada en el derecho que les asiste como nacionales, nacidas y
criadas bajo el amparo constitucional del jus solis.
La
figura jurídica del jus solis, el cual regía hasta el año 2010, asigna la
nacionalidad a las personas en función del territorio donde nacen, pero “fue
cambiado solo para limitar el acceso a los dominicanos y dominicanas nacidos de
una mujer migrante haitiana”.
Tienen
sueños
Los
dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana son marginados/as, excluidos
para dejar de reconocerles la nacionalidad. Hombres, mujeres, niñas y niños,
tienen sueños, deseos de superarse, de vivir de manera digna.
Sin
embargo, esos individuos “son muertos en vida, son los muertos de un sistema
político y jurídico que desconoce el derecho de las personas. “Todo para
centrarse en la opinión de una parte de la población, la cual es fijada bajo el
imaginario de los que tienen más poder y a partir de un enfoque distorsionado
sobre la historia dominicana”.
Doctor
Joseph Cherubin, coordinador del Mosctha
