Santo Domingo. La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) expresó su rotundo rechazo ante los recientes actos de violencia atribuidos a la empresa minera Barrick Gold, con el apoyo de miembros de la Policía Nacional y el Ejército de la República Dominicana, contra la comunidad de Arroyo Vuelta y otras cinco localidades del distrito municipal de Zambrana, en Cotuí.
La CED denunció que estas acciones estuvieron marcadas por el uso excesivo de la fuerza, violaciones a los derechos humanos y la dignidad de las personas, lo que resultó en lesiones a dos sacerdotes y a varios miembros de las comunidades afectadas.
«Estos hechos son inaceptables en un estado de derecho que debe garantizar la justicia, la paz y el respeto a los ciudadanos, especialmente a los más pobres y desprotegidos. ¡Es urgente decir no a la estrategia del miedo!«, señalaron los obispos en su comunicado.
Solidaridad
La Iglesia Católica reiteró su compromiso con la defensa de la vida y la dignidad humana, repudiando cualquier acción que atente contra los derechos fundamentales.
Asimismo, expresó su solidaridad con monseñor Carlos Tomás Morel Diplán, obispo de La Vega y presidente de la Comisión Nacional de Pastoral de Ecología y Medio Ambiente, quien ha alzado la voz en defensa de las comunidades impactadas.
«Es inadmisible que el afán de lucro prevalezca sobre la vida y la tranquilidad de las familias afectadas. La explotación de los recursos naturales debe realizarse con responsabilidad social, ambiental y ética», subrayó el episcopado.
La CED exhortó a las autoridades nacionales a garantizar un diálogo respetuoso y constructivo entre todos los sectores involucrados, y reiteró su disposición a participar en la búsqueda de una solución justa. Además, instó a investigar los hechos con imparcialidad, sancionar a los responsables y garantizar medidas de reparación a las víctimas.
«Invitamos a la comunidad nacional a unirse en solidaridad con los afectados y a expresar pacíficamente su rechazo a estas prácticas. Pedimos también a los fieles que oren por la justicia y la paz en nuestra patria», concluyó el comunicado.
Postura del ministro de Energía y Minas
Previamente, el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, había desmentido los alegados desalojos en comunidades mineras de Sánchez Ramírez, aclarando que el procedimiento realizado fue para garantizar el acceso a estudios geológicos previos vinculados al proyecto Barrick Pueblo Viejo, y no un desalojo forzoso.
«Se trató de garantizar el acceso para realizar estudios técnicos fundamentales», afirmó.
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Santos anunció que convocará un diálogo entre las comunidades locales y Barrick Pueblo Viejo para avanzar en los estudios necesarios para la construcción de la presa de colas. Este proceso incluirá la participación del Defensor del Pueblo y otros sectores de la sociedad, buscando garantizar los derechos de las comunidades afectadas, establecer compensaciones justas por sus propiedades y evitar pérdidas económicas en este proyecto estratégico.
