Por: Jose Peña Santana
El reciente
fallo del Tribunal Constitucional, contenido en la sentencia TC-0788-24, que declara
inconstitucionales los artículos 152 y 157 de la Ley 20-23 de Régimen Electoral,
debe llamar a un debate de la clase política nacional, toda vez que, esa decisión abre la posibilidad de que
candidaturas independientes puedan aspirar a la presidencia de la República,
sin el respaldo de una organización política estructurada, sin un programa de
gobierno definido, ni un marco de control que fiscalice la procedencia y la transparencia del uso de los recursos
económicos utilizados.
Es innegable
que este nuevo escenario delinea desafíos significativos al sistema democrático
de la República Dominicana. La ley electoral, que en su esencia busca
garantizar el equilibrio y la regulación de los procesos electorales, debe ser
revisada y ajustada por el Congreso Nacional. Una reforma adecuada a la Ley
20-23 permitiría subsanar los vacíos legales señalados por el Tribunal
Constitucional y preservar la potestad de los partidos y agrupaciones políticas
como columnas fundamentales de nuestra democracia.
Los
partidos y agrupaciones política son los que garantiza la representación plural
y democrática, y aseguran la fiscalización del financiamiento electoral, la
presentación de propuestas programáticas concretas y el respeto a los procesos
institucionales establecidos. Por tanto, cualquier vacío normativo podría
afectar gravemente la transparencia y la legitimidad de las elecciones
generales que se celebran cada cuatro años en el país.
Las
organizaciones políticas, la junta Central Electoral, la sociedad civil y sobre
todo, el Congreso Nacional, deben tomar acción inmediata para analizar y
modificar la Ley 20-23 de Régimen Electoral, de modo que se atiendan las
observaciones del Tribunal Constitucional, pero preservando las estructura de
los partidos políticos y los principios democráticos fundamentales de la
República Dominicana.
La
democracia no debe ser improvisada ni distorsionada. Es responsabilidad de
todos los actores políticos, instituciones y ciudadanos trabajar juntos para
fortalecer un sistema electoral ético, justo, transparente y en sintonía con
los valores constitucionales y democráticos que nuestra nación demanda.
Permitir
candidaturas independientes sin un control adecuado sobre su financiamiento
podría abrir brechas para la corrupción y debilitar la confianza ciudadana en
las instituciones democráticas. La eliminación de los requisitos para que un
candidato aspire a la presidencia sin el respaldo de un partido o movimiento
político podría conducir a una proliferación de candidaturas individuales
carentes del respaldo necesario para garantizar la viabilidad y coherencia de
sus propuestas.
Imaginemos un escenario electoral donde cada
aspirante presenta su plataforma personal sin una base sólida de apoyo ni un
programa de gobierno claro. Esto podría desembocar en un caos electoral, donde
primen los intereses personales sobre el bienestar colectivo.
Dar rienda suelta a las candidaturas
independientes sin un sustento político organizado es una apuesta arriesgada.
La democracia se nutre de la diversidad, pero también de la responsabilidad. Es
hora de que actores políticos y ciudadanos se unan en un diálogo constructivo
para repensar nuestro sistema electoral, donde la inclusión y la organización
caminen de la mano en pro de un futuro más sólido y transparente para la
República Dominicana.
