Lic. Juan Cuevas.
Abogado.
Ex
cónsul General de Madrid
Es probable que mis colegas abogados con solo el
titular comprendan el contenido de este artículo, pero necesitamos aclararlos
para el lector común. A pesar de que es temprano para discutir la
responsabilidad, dado que aún el sufrimiento embarga a los parientes de los
fallecidos, a los cuales les expresamos nuestra condolencia. La responsabilidad
social y política del suceso, impone su tratamiento dado la idiosincrasia
dominicana del olvido. Jurídicamente, no parece acertada la decisión del
presidente, al crear una Comisión de Investigación, sin fuerza coactiva, parece
más una pérdida de tiempo y una dilatación de cualquier proceso judicial que se
pudiera incoar.
Posiblemente las intenciones del presidente Abinader
sean buenas, pero no son las correctas, debe dejar actuar a la justicia. En
primer lugar, es a la Procuraduría General del Estado, en la figura de la
procuradora Yeni Berenice Reinoso, quien tiene la capacidad y jurisdicción para
iniciar el proceso, del cual se podrán desprender cuantas comisiones de
investigación sean necesaria, en la búsqueda del origen del siniestro. A partir
de ahí, surgirán obligaciones, sean penales, responsabilidad subsidiaria y
política, o simplemente desdichas del destino.
Responsabilidades penales del propietario, sea por
acción u omisión, puesto que después del incendio del local, en el año 2023,
debió tomar los correctivos de lugar para asegurar no solo la funcionabilidad,
sino la seguridad de la instalación. Lo hizo, no lo sabemos, para eso está la
justicia, a ella corresponde dar cuenta. El Estado de Derecho, debe funcionar a
través de la Procuraduría o del Tribunal donde se interpongan demandas. Y como
mínimo ya se deberían tomar medidas cautelares.
Responsabilidad subsidiaria, dado que es deber del
Estado dominicano asumir las compensaciones que surjan de una sentencia penal,
siempre y cuando el inculpado no esté en capacidad económica para responder. Esto
sumado a la posible omisión de la institución estatal
Responsabilidad política del Estado, ya que
normalmente, tras un incendio sucedido como el de la discoteca en el 2023, los
daños a la infraestructura pueden llevar a la demolición del inmueble, lo que
no sucedió con la Jet Set. Todo lo contrario. El Ayuntamiento de Santo Domingo
inicialmente, y sin descartar cualquier otra institución oficial, es la entidad
responsable de la calificación, otorgamiento y las debidas autorizaciones o
permiso de edificación y habitabilidad de edificaciones.
¡Cuidado con los atajos! del gobierno o cualquier otra
institución oficial del Estado, la tragedia no es para escurrir el bulto,
apuntando a múltiples causas para quitar responsabilidades a los que
verdaderamente correspondan. Una vez más se pone en juego, no solo la
credibilidad del gobierno, sino del mismo presidente Abinader.
